Geopolítica del Español

Geopolítica
del español

Prólogo de S. M. Felipe VI

Índice

Portada
Portadilla
Prólogo
Universalidad, unidad y panhispanismo en la normativa de la lengua española
El español: un gigante silencioso del Poder Blando global
La geopolítica vista desde la política
Guerra y paz de las palabras
El lenguaje militar en el idioma español
Globalización y competencia geocultural
La lengua centroamericana: cruce de caminos
Puerto Rico: la última frontera siempre en lucha por su hispanidad
Hispanohablantes en Estados Unidos
El judeoespañol: la compleja supervivencia de una lengua hispánica en un contexto internacional
Lenguas autónomas. Diversidad lingüística: la lengua castellana y la catalana
La traducción: puente entre culturas y forjadora de literaturas
El panhispanismo lingüístico: orígenes, principios y logros
Claves subjetivas, críticas y geopolíticas de la españolidad
«Vimos al amanecer tierra y la nombramos Nuestra Señora de la Luz». La toponimia española en el discurso marinero
La economía del español en el mundo
El español: el idioma que une y sostiene Iberoamérica
La inteligencia artificial y el idioma español
COLOFÓN
1. Patria inmensa de Pelayo, de Bolívar y de Colón
2. Palabras fecundas
3. Toque de silencio
Notas
Créditos

Universalidad, unidad y panhispanismo en la normativa de la lengua española

Santiago Muñoz Machado

Director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española

Cuando la Real Academia Española fue fundada, contaba nuestra lengua con pocos textos que fijaran reglas sobre su uso. Respecto del léxico, existía el Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias, publicado en 1611, y en cuanto a la gramática, se habían publicado tratados por algunos autores insignes, como Antonio de Nebrija, Mateo Alemán, Juan López de Velasco, Gonzalo Correas y Bartolomé Ximénez Patón. Algunos, como el de Nebrija, se habían quedado anticuados en relación con el estado de la lengua en el siglo xviii, y otros parecían manifiestamente insuficientes y, sobre todo, no eran atendidos por los escritores ni tenidos debidamente en cuenta por los legisladores y oficiales de la monarquía.

Esta anomia, y la confusión resultante, determinaron a don Juan Manuel Fernández Pacheco a proponer al rey Felipe V la creación de la Real Academia Española. En la «Historia de la Academia» que figura al frente del tomo primero del Diccionario de autoridades, al que luego me referiré, se narra así la iniciativa:

Don Juan Manuel Fernández Pacheco

había advertido, estando en Italia, el baxo concepto en que los de aquella nación y otros extrangeros tenían a nuestra lengua, atribuyendo a defecto de ella el mal uso de varios autores del siglo décimo séptimo: y a la verdad no se veía en sus escritos aquella magestad, propiedad, dulzura y elegancia, que se hallaba en las obras del siglo anterior. La lengua estaba viciada con muchas voces bárbaras e impropias que se habían introducido, y con un estilo afectado: por lo que desde entonces concibió la idea de fundar la Academia, para cultivar y fixar la lengua Castellana, y que fuese un asilo de ella, en que se conservasen su magestad, pureza y energía.

Para ejecutar este designio necesitaría la Academia levantar tres obras de carácter normativo: el diccionario, la ortografía y la gramática. Los tres monumentos que servirían para asentar la nueva regulación de la lengua española, que la normalizaría y uniformaría. Las tres catedrales que conservarían el buen uso del castellano.

Decidieron empezar por el Diccionario. Su preparación se inició incluso antes de que el rey autorizara la constitución de la Academia en octubre de 1714 (la fundación privada había ocurrido un año antes; la primera acta de la junta académica que se conserva es de 3 de agosto de 1713), ya que en 1713 habían aprobado los académicos la «Planta y methodo que por determinación de la Academia Española deben observar los académicos en la composición del nuevo Diccionario de la lengua castellana». Los Estatutos académicos de 1715 declararon:

Siendo el fin principal de la fundación de esta Academia cultivar, y fijar la pureza, y elegancia de la lengua castellana, desterrando los errores, que en sus vocablos, en sus formas de hablar, o en su construcción ha introducido la ignorancia, la vana afectación, el descuido, y la demasiada libertad de innovar; será su empeño distinguir los vocablos, frases, o construcciones extranjeras de las propias, las anticuadas de las usadas, las bajas y rústicas de las cortesanas, y lebantadas, las burlescas de las serias, y finalmente las propias de las figuradas. En consecuencia, tiene por conveniente dar principio desde luego por la formación de un Diccionario de la lengua, el más copioso que pueda hacerse: en el cual se anotarán aquellas voces, y frases, que están recibidas debidamente por el uso cortesano, y las que están anticuadas, como también las que fueren baxas, o bárbaras; observando en todo las reglas y preceptos, que están puestos en la planta acordada por la Academia impresa en el año de 1713.

Componer un diccionario supone elegir las palabras que forman el idioma. Cuando esta tarea se acomete sin contar con antecedentes suficientemente completos y fiables, como era el caso, la decisión sobre qué vocablos incluir puede optar por diversas fórmulas, pero la más rigurosa es la que siguieron los fundadores de la Academia. Tomarlos de la mejor literatura, de los textos más importantes que se habían escrito en castellano. El primer diccionario de la Academia Española, publicado en seis tomos entre 1726 y 1739, fue conocido como Diccionario de autoridades porque cada lema que incorporaba incluía una referencia al autor y obra en que lo habían encontrado usado. Su título completo y verdadero fue, sin embargo, Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua.

Los académicos se repartieron las letras, siguiendo los criterios que estudió minuciosamente Lázaro Carreter, coordinados por el fundamental Vincencio Squarzafigo Centurión y Arriola, académico y secretario perpetuo, ateniéndose a las reglas que ellos mismos habían aprobado en la planta de 1713. Aquí es explícita la idea de apoyar cada palabra que se escogiese en fuentes con autoridad. A estos efectos, la mencionada planta indicaba que los académicos deberían repartirse «los authores classicos de la lengua española, para que cada uno desfrute la obra [esto es, que saque de ella sus frutos] que le cupiese apuntando las vozes y phrases especiales de nuestra lengua y los textos con que las autorizan». No ha de valer por ello la obra de cualquier autor, sino que la predilección recaerá sobre «autores selectos», obras «de notoria calidad y estimación», prestigiosas e indiscutibles.

En la «Historia de la Academia» que figura en el tomo I del Diccionario, se alude al procedimiento de trabajo basado en autoridades:

De todos los puntos que se controvirtieron, en el que se convino con mayor constancia fue en confirmar cuantas voces se pudiesse con autoridades de los mejores autores, sin embargo de la gran dificultad que esta resolución incluía; porque hallar en un libro una voz es fortuna que ofrece el acaso y muchas veces no consigue el más aplicado estudio; y para vencerla en el modo possible se encargaron los académicos de examinar varios autores clásicos, sacando de ellos las autoridades más dignas de reparo…

El mismo texto de la «Historia de la Academia» establece también esta justificación:

El poner estas autoridades pareció necessario, porque deseando limpiar, purificar y fijar la lengua, es obligación precisa que la Academia califique la voz, y manifieste los méritos de su juicio, pues con este methodo muestra la moderación con que procede y desvanece las inventadas objeciones de querer constituirse en maestra de la lengua; porque calificada la voz por limpia, pura, castiza y española por medio de su etymología y autoridades de los escritores; y al contrario, castigada por anticuada, o por jocosa, inventada, o usada solo en estilo libre y no serio, viene a salir al público, con notoriedad de hecho, que la Academia no es maestra ni maestros académicos, sino unos jueces que con estudios han juzgado las voces; y para que no sea libre la sentencia, se añaden los méritos de la causa, propuestos en las autoridades que se citan.

Los Estatutos primeros de la Academia habían anunciado que la corporación prepararía una Gramática. En consecuencia, en 1740 encargó a tres académicos que elaboraran el plan para emprender esa obra, destinada, sobre todo, al aprendizaje de la lengua castellana, con «método y sobre principios y reglas seguras», considerando que la de Nebrija ya no se acomodaba al estado actual de la lengua. La Academia trataba con todo cuidado de la Gramática en todas sus juntas, y deliberaba sobre «sus muchas y espinosas qüestiones», señalando para el examen de cada una el correspondiente término a los académicos. El trabajo de la Gramática empezó en 1742, prosiguió con cortas interrupciones hasta el 22 de junio de 1747. Entonces, aunque se produjeron muchas disertaciones, también se llegó a la conclusión de que harían falta muchos años para concluir la obra.

Se volvió al Suplemento del Diccionario en 1747, que ya en 1751 era un volumen extenso que procedía imprimir. Pero, repartido el trabajo entre los académicos, advirtió la Academia que tenía un número corto de ejemplares de la primera edición del Diccionario y que era más procedente reimprimir toda la obra, pero corrigiéndola por completo. Desde entonces se trabajó con mucho cuidado y prolijidad, encargando a varios académicos que propusieran reglas seguras para continuar.

La Ortografía, como se ha dicho, se terminó en 1741. Siguió una edición de 1754 y luego otra de 1763, y, a lo largo del siglo xviii, cuatro más en los años 1770, 1775, 1779 y 1792.

Las reformas importantes del Diccionario en la cuarta edición de 1803 provocaron muchos cambios que afectaron a la Ortografía. Por ejemplo, la «ch» y la «ll» recibieron el lugar y orden que les corresponden separadas, como letras distintas de las demás del alfabeto. Se quitó la hache de todas las voces en que no se pronunciaba, por ejemplo, de Christo y christianismo. Suprimió el signo llamado «capucha» en las palabras en las que la «ch» tenía el valor y sonido de la «q», como en chîmia y chîmera. Desterró de nuestro alfabeto la «ph», dejando para aquel sonido la «f». También prescindió de la «k» en combinaciones que pueden decirse con «c» o con «q», lo primero en ca, co, cu, y lo segundo en que, qui. Suprimió o sustituyó algunas consonantes en voces que ya estaban cambiando en la práctica: sustancia en lugar de substancia, oscuro en vez de obscuro, estrangero y estraño por extrangero y extraño, trasponerse por transponerse.

La Ortografía de 1815 tomó todas estas novedades y otras muchas de modo que se produjo una revisión profunda del Tratado. En esta edición se hizo una valoración importante de la función de la Ortografía en nuestra lengua:

si se hubiere mirado este asunto con el aprecio que merece, estuviera más arreglado el uso, cuya variedad ocasiona una de las mayores dificultades, y nos ha privado hasta ahora de las grandes ventajas que se seguirían de que estuviese correcta y uniforme la ortografía: porque ella es la que mejora las lenguas, conserva su pureza, señala la verdadera pronunciación y significado de las voces, y declara el legítimo sentido de lo escrito, haciendo que la escritura sea un fiel y seguro depósito de las leyes, de las artes, de las ciencias, y de todo cuanto descubrieron los doctos y los sabios en todas profesiones, y dejaron por este medio encomendado a la posteridad para la universal instrucción y enseñanza.

En el siglo xix hubo sucesivas ediciones de la Ortografía, después de la de 1815, en 1820, 1826, 1840, etc.

Tras la edición primera, de 1741, de la Ortografía, la Academia se empeñó mucho en la Gramática. Tuvo en cuenta los antecedentes de gramáticas elaboradas por algunos autores insignes, como los ya citados Antonio de Nebrija, Mateo Alemán, Juan López de Velasco, Gonzalo Correas y Bartolomé Ximénez Patón. Pero el trabajo resultó muy complejo y no fue posible la primera edición de la Gramática castellana de la Academia hasta 1771. Desde entonces, diversos autores hicieron sus propias versiones, entre los que la Academia (edición de 1865) destaca a Vicente Salvá y a Andrés Bello. Hubo ediciones de la Academia en el siglo xviii en 1772, 1781 y 1796. La RAE hizo muchas ediciones en el siglo xix de su Gramática, que pasó a ser, por determinación de la Ley Moyano, el libro oficial de estudio en la enseñanza media. Hubo ediciones en 1854, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1870, 1874, 1878, 1880, 1883, 1885, 1888 y 1894.

En las «Advertencias» de la edición de 1854 destacaba la Academia la significación de la Gramática:

La lengua castellana, hija del latín, pero enriquecida con voces del idioma hebreo, del griego, del gótico y árabe; tan copiosa en términos como varia en giros; grave y majestuosa en acentos, atrevida en imágenes, órgano el más propio de la elocuencia, instrumento el más noble de la poesía sublime, ocupa el primer lugar entre los dialectos que se formaron al transfigurarse y desaparecer el habla de la estirpe de Rómulo. Sostener la grandeza de tan bello idioma es y debe ser el único afán de esta Real Academia, la cual, ofreciendo a los españoles todos la nueva Gramática, les recomienda, con el mayor encarecimiento, el estudio y observación constante de los escritores, prez y orgullo de nuestra patria. La aprovechada lectura de las obras con que han inmortalizado su nombre fray Luis de Granada y Miguel de Cervantes, Mariana y Solís, Lope y Rioja, Moratín y Jovellanos, enseñará a los estudiosos lo que no es dado a un libro, destinado solo a franquear las puertas del saber humano.

La primera edición de 1771 decía con cierta humildad que

la Academia solo pretende con esta Gramática instruir a nuestra Juventud en los principios de su lengua, para que, hablándola con propiedad y corrección, se prepare a usarla con dignidad y elocuencia; y se promete del amor de V. M. a su lengua y a sus vasallos, que aceptará benignamente esta pequeña obra.

El preámbulo afirmaba que todas las naciones deben estimar su lengua nativa,

pero mucho más aquellas que abrazando gran número de individuos gozan de un lenguaje común, que los une en amistad y en intereses.

Ninguna, señor, podrá contarse en esta clase con mejor título que la nuestra, pues a todos los vastos dominios, y casi innumerables vasallos de V. M. es común la lengua castellana; y ya que la ha llevado con su valor a los últimos términos del orbe, debe ponerla con su estudio en el alto punto de perfección a que puede llegar.

Como se ha dicho antes, la renovación del Diccionario de autoridades fue un empeño bastante más complicado al que la institución acabó renunciando. Trabajó en ello desde 1738 (el tomo sexto y último de Autoridades se publicó en 1739). Llegó a formar un Suplemento con muchas voces; pero al publicarlo se dieron cuenta los académicos de que quedaban pocos ejemplares del Diccionario en la Academia y que convenía reeditarlo completo. Se pusieron a ello, pero no consiguieron reeditar nada más que un nuevo tomo primero. Aunque quedaron muchas fichas para continuar y que hoy duermen en el Archivo de la Academia. Toda esta aventura está contada en la «Historia de la Academia» que figura al frente del tomo reeditado.

El esfuerzo por la reedición completa de Autoridades fue sustituido por la edición de un diccionario de uso de la lengua castellana en 1780. La base esencial fue Autoridades, pero el nuevo Diccionario, en un único volumen, prescindía de las autoridades incluidas en su predecesor. El de 1780 es la matriz de las veintitrés ediciones publicadas hasta ahora.

Ocurrió todo lo narrado en el siglo xviii, que bien puede denominarse «el siglo de las catedrales». Fue la época en la que la RAE levantó las estructuras fundamentales para fijar la normativa de la lengua y convertir el castellano en una lengua ordenada y bella, usada por todos sus hablantes conforme a pautas objetivas y reconocibles.

La lucha por la unidad

Las grandes conquistas del siglo xviii fueron amenazadas a principios del siglo xix cuando se produjeron las independencias americanas. He estudiado esta cuestión con algún detenimiento en mi libro Hablamos la misma lengua. Historia política de la expansión del español en América (Madrid, Crítica, 2018). A este estudio me remito ahora, sin perjuicio de recordar el problema a grandes trazos.

Un grupo de intelectuales y políticos se aprestó a ahondar en las diferencias lingüísticas que apreciaban entre el castellano europeo y el americano. Las diferencias afectaban, casi exclusivamente, a la expresión oral, y más moderadamente al léxico. Pero bastó para que los más radicales defensores de la ruptura lingüística con España pudieran sostener que la lengua de América no era el castellano.

Aunque el fenómeno de la diferenciación lingüística afectó a países como Argentina y, más limitadamente, a Chile durante casi todo el siglo xix, y todavía algunos epígonos han trasladado el debate hasta la actualidad, la reclamación de las diferencias del español americano fue obra principal de la denominada «Generación de 1837».

Con antecedentes en la obra de Juan Cruz Varela, y apoyándose en cierta manera en algunos artículos que Larra publica en 1835 y 1836 en la revista El Mensajero («El álbum») y en El Español («Literatura»), influyentes intelectuales y escritores, como el poeta Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y Juan María Gutiérrez, trataron de establecer las bases de la particularidad de la lengua americana. Es notable que Alberdi, uno de los principales promotores de esta corriente lingüística y política, hiciera su exposición primera en un libro de derecho titulado Fragmento preliminar al estudio del derecho publicado en julio de 1837. Sostenía que Argentina necesitaba una filosofía política, y que esto requería apoyarse en un sistema de derecho bien establecido. Es en el preámbulo donde se recogen las tesis principales de Alberdi sobre el idioma, que serían continuamente debatidas desde entonces y durante muchos años. Afirmaba que tras la independencia los argentinos tenían que forjar una nación. La emancipación mediante las armas tenía que continuar con la independencia del espíritu. «Es necesario —escribió— conquistar una filosofía para llegar a una nacionalidad». La emancipación nacional habría de expresarse necesariamente a través de un idioma nacional.

La lengua de Argentina no es la lengua de España, sino hija de ella, como lo es toda la nación. América debe tener su propia personalidad lingüística. Cada nación tiene que tener su propia lengua, y, en el caso de Argentina, una vez conseguida la independencia, era imprescindible que procediera a la «Emancipación de la lengua», según el título del artículo que publicó en 1838 en El Iniciador.

Juan María Gutiérrez fue otro gran animador del nacionalismo lingüístico, cuya justificación expuso en el discurso de apertura del Salón Literario de Buenos Aires a mediados de 1837. Se publicó poco después del Fragmento preliminar de Alberdi. La posición de Gutiérrez, en definitiva, fue la de considerar que, pese a la independencia de España, «Quedamos aún ligados por el vínculo fuerte y estrecho del idioma. Pero este debe aflojarse de día en día, a medida que vayamos entrando en el movimiento intelectual de los pueblos adelantados de la Europa […]».

Otro protagonista influyente del nacionalismo lingüístico fue Domingo Faustino Sarmiento. Utilizando una cita de Chateaubriand, escribió en La Bolsa el 15 de enero de 1841, estando exiliado en Chile, que los idiomas de las inmigraciones se tiñen con los colores del suelo que habitan. En consecuencia, la lengua de América tendrá que ser y habrá de tener sus características distintivas. El 27 de abril de 1842 se publicó en Mercurio un artículo anónimo titulado «Ejercicios populares de lengua castellana» que Sarmiento celebró y comentó en el mismo periódico. Sus puntos de vista generaron gran controversia, e intervino en la polémica el filólogo y jurista Andrés Bello bajo el seudónimo «Un quídam». Sarmiento es criticado por su pretensión de atribuir al pueblo la soberanía absoluta del lenguaje. Bello defendía a los gramáticos, y también a la Real Academia, institución criticada, por sus pretensiones de «fijar» el idioma, por todos los miembros de la Generación del 37.

Sarmiento fue nombrado en 1842, en Chile, director de la Escuela Normal, y se le encargó un texto que incluyera un método sencillo para que los niños aprendieran a leer. Sirvió este encargo para que expusiera sus ideas sobre la gramática. Su punto de vista principal fue que el único criterio útil que se puede tener en cuenta para formular una ortografía es el fonético. Sarmiento presentó su propia Memoria sobre ortografía americana el 17 de octubre de 1843. Entre sus propuestas de reforma se incluían, primero, olvidar que en el alfabeto existen la b, la v, la z y la x. Segundo, no usar la c sino con las vocales a, o, u. Tercero, no usar la y sino en las sílabas ya, ye, yi, yo, yu. En los demás casos hay que emplear la i latina. Cuarto, mantener por algún tiempo la que, qui, gue, gui, para no ofender a los literatos españoles y a los amantes de la rutina. La Comisión de la Facultad de Humanidades, encargada de valorar la Memoria de Sarmiento, emitió un informe contrario a sus proposiciones.

A la presentación de la Memoria asistió Andrés Bello, que pocos años después habría de redactar una obra decisiva para el desarrollo del español en América: Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, que conocería cinco ediciones entre 1847 y 1860. Defendió Bello siempre la lengua culta y aspiró a la «conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza». En el prólogo de su Gramática escribió:

No se crea que recomendando la conservación del castellano sea mi ánimo tachar de vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos. Hay locuciones castizas que en la Península pasan hoy por anticuadas, y que subsisten tradicionalmente en Hispanoamérica. ¿Por qué proscribirlas? Si según la práctica general de los americanos es más lógica la conjugación de algún verbo, ¿por qué razón hemos de preferir lo que caprichosamente haya prevalecido en Castilla? Si de raíces castellanas hemos formado vocablos nuevos según los procederes ordinarios de derivación que el castellano reconoce… Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales diferencias, cuando las patrocina la costumbre uniforme y auténtica de gente educada.

Bello consideró que las cuestiones de la lengua no eran únicamente culturales, sino políticas. Defendió la unidad de la lengua como un programa político. Bello se opuso a la secesión idiomática de América respecto de España, y apoyó la «unidad de la lengua». Su influencia fue realmente decisiva para el mantenimiento de esta pauta política y lingüística.

Durante todo el siglo xix siguieron oyéndose los ecos de los románticos de la Generación del 37 y la voz potente de Bello. Otros filólogos y literatos tuvieron oportunidad de debatir sobre la preservación de la unidad o la inevitable fragmentación del español en lenguas derivadas, como había ocurrido con el latín en Europa. Muy particularmente, sobre este pronóstico, las opiniones de Rufino José Cuervo, ya a final de siglo, y la controversia que mantuvo con Juan Valera al respecto.

En todas estas disputas sobre la lengua quedó también implicada la Real Academia Española. Los románticos de primera hora (Echevarría, Alberdi, Sarmiento, Gutiérrez) mantuvieron posiciones contrarias a la Academia por considerar que no había que hablar y escribir según dictaminara la docta institución porque ello vulneraba la soberanía americana que, según Alberdi, tenía al pueblo y no al rey como único dictador. No se oponía a la Academia de un modo frontal, como lo hizo Gutiérrez, que rechazó su designación como académico correspondiente de la Española, pero rechazaba que una nación tuviera como propia la Academia de otra. América debía tener una Academia de la Lengua Americana.

La controversia concluyó en los años setenta del siglo xix, cuando empezaron a constituirse las Academias americanas como correspondientes de la Real Academia Española. Desde 1870 la Academia empezó también a incorporar a individuos destacados de América como correspondientes. En la junta de 17 de noviembre de 1870 Escosura leyó un informe «acerca de la manera en que podrían autorizar la creación en países americanos de otra Academia correspondiente de la nuestra y con cierta relación de dependencia». Se aprobó, como acuerdo, el informe de Escosura, que, entre otras declaraciones, contenía las siguientes: los individuos de las diversas «Repúblicas americanas españolas, o independientes», tienen «por patria común una misma lengua y por universal patrimonio nuestra hermosa y rica literatura, interesando a todos igualmente su conservación y acrecentamiento». Y añadía:

los lazos políticos se han roto para siempre; de la tradición histórica misma puede en rigor prescindirse; ha cabido, por desdicha, la hostilidad hasta el odio entre España y la América que fue española; pero una misma lengua hablamos, de la cual, si en tiempos aciagos que ya pasaron, usamos hasta para maldecirnos, hoy hemos de emplearla para nuestra común inteligencia, aprovechamiento y recreo.

Después del acuerdo de la Española de 1870, se fundaron las Academias Colombiana en 1871, Ecuatoriana en 1874, Mexicana en 1875, Salvadoreña en 1876, Venezolana en 1883, Chilena en 1885, Peruana en 1887, Guatemalteca en 1887. En el siglo xx se completó la implantación de Academias con la Costarricense en 1923, la Filipina en 1924, Panameña en 1926, Cubana en 1926, Paraguaya en 1927, Boliviana en 1927, Dominicana en 1927, Nicaragüense en 1928, Argentina de las Letras en 1931, Uruguaya de Letras en 1943, Hondureña en 1948, Puertorriqueña en 1955 y Norteamericana en 1973.

Se salvó la unidad del castellano en el siglo xix. Esta fue la segunda gran contribución histórica de la Academia. Su autoridad y sus obras normativas fueron también asumidas en el otro lado del Atlántico. El Diccionario tardaría todavía años en incorporar el léxico particular de las naciones americanas, pero, a partir de la creación de las Academias, terminaba también el tiempo del regulador único. No solo por el predominio de cada Academia en su ámbito territorial, sino porque las grandes obras normativas de la lengua española serían aprobadas en común.

Tiempo de panhispanismo

Empezó entonces la etapa del panhispanismo académico, caracterizado inicialmente por una intensificación de las relaciones entre las Academias y una mayor apertura de las obras académicas, muy especialmente, también por su simbolismo, el llamado DRAE o Diccionario de la Real Academia Española, a cuyos antecedentes y prestigio ya me he referido. Durante toda su larga historia, el Diccionario académico había recopilado y ordenado los vocablos propios del español de Castilla o de otras regiones españolas, no el léxico particular de los países americanos. Este defecto de la obra más emblemática de la Academia se había suplementado en algunos países con diccionarios particulares que recogían sus especialidades. Este esfuerzo se ha mantenido a lo largo del tiempo y, en la actualidad, la práctica totalidad de las naciones hermanas tienen editados sus diccionarios. Pero la solución era, evidentemente, parcial e insatisfactoria. Un avance en la cooperación tendría que permitir dos nuevas conquistas: la primera, que lo mismo que el DRAE recogía particularidades léxicas de las diferentes provincias españolas habría de hacerlo también con las propias de otros países hispanohablantes. La edición de 1925 (decimoquinta) del Diccionario, denominado desde entonces Diccionario de la lengua española, en sustitución del apelativo castellana que había lucido en todas las ediciones anteriores, inició con fuerza esa ampliación al léxico americano, que ha ganado terreno con el tiempo, aunque todavía tengamos tareas pendientes al respecto. La segunda conquista consistió en que la RAE dejara de ser la única responsable del Diccionario y de las demás obras normativas de la Academia, adaptando su trabajo, siempre centrado en la unidad de nuestra lengua, a la diversidad tan valiosa del español de América.

Un paso decisivo fue la creación en 1951 de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), gracias al decisivo empuje del presidente de México, don Miguel Alemán, que reunió en la capital federal a todas las Academias. La Española no pudo desplazarse. Eran tiempos duros en las relaciones diplomáticas con México y el gobierno de Franco no autorizó el viaje. No obstante, los allí reunidos decidieron reservar la presidencia de la Asociación a la Real Academia. Desde entonces hasta hoy los sucesivos directores de la RAE han presidido la Asociación. En la sede de la calle de Felipe IV, en Madrid, se estableció la sede de la Secretaría General de la ASALE, asistida por el personal y los recursos básicos para su funcionamiento, y próxima al presidente para asegurar la máxima eficacia.

En los primeros años, la cooperación se sustanciaba, sobre todo, en la celebración de congresos de la ASALE, que han venido reuniendo a los directores o presidentes y altos directivos de todas las Academias. Son los foros intermitentes donde se debaten los principales problemas que se presentan a la actividad académica y tienen lugar los acuerdos sobre proyectos de interés común. Con el transcurso del tiempo, la importancia de la ASALE se ha incrementado continuamente. El número de proyectos ejecutados y en curso es mayor con el paso de los años. La solidaridad interacadémica se ha fortalecido y las relaciones personales entre directores y académicos son mucho más frecuentes y fluidas.

Se han arbitrado procedimientos, ahora ya muy rodados y eficaces, para el trabajo panhispánico. Algunos proyectos son dirigidos por académicos americanos, y otros se mantienen bajo el impulso y cobertura de la RAE, sus académicos y sus equipos de filólogos. Es este el caso de las tres obras normativas principales (Diccionario, Gramática, Ortografía). Pero la participación de todas las Academias en el trabajo se ha convertido en la actualidad en un logro irreversible.

Resulta ilustrativo comprobar el perfecto engranaje de los procedimientos que se siguen para preparar una nueva edición, o para aprobar las novedades anuales, del Diccionario. Los cambios se promueven por los académicos o son sugeridos por el personal especializado de la Academia, o también por cualquier hispanohablante. La Academia cuenta con una unidad interactiva que recibe opiniones y advertencias, que siempre examina. Una vez que se estudia la razonabilidad de la enmienda o la oportunidad de crear una entrada nueva (lo que depende de la comprobación de su uso por los ciudadanos; a efectos de este chequeo la RAE dispone de corpus, en los que trabaja continuamente, que reúnen muchos millones de formas extraídas del lenguaje escrito y oral), el asunto pasa a alguna de las comisiones constituidas por académicos, que deciden sobre el cambio o innovación y proponen las nuevas definiciones de lemas o acepciones. Nuestro Instituto de Lexicografía se ocupa de la parte siguiente del procedimiento. El trabajo de las comisiones se envía a las Academias de la ASALE, que estudian las novedades y responden aprobándolas o enmendándolas. En este último caso, el Pleno de la RAE, directamente o a través de la Comisión Delegada, arbitra la solución final. Hasta entonces no quedan los vocablos listos para pasar al Diccionario. Como se ve, nada más lejos de los procedimientos que siguen la Española y las Academias hermanas que la improvisación.

Para este trabajo principal y demás proyectos panhispánicos, se puede habilitar la fórmula de crear comisiones interacadémicas que se ocupan de la coordinación. Celebran reuniones virtuales y también presenciales cuando se considera necesario.

Un diccionario preparado siguiendo el método indicado dejó de llamarse DRAE para denominarse Diccionario de la lengua española (DLE).

La cooperación a través de la ASALE comprende muchas manifestaciones más, entre las que más destaca, la atención continua de la Presidencia a la situación y necesidades de las Academias, que ha llevado con frecuencia a su titular a entrevistarse con los máximos representantes de los Gobiernos y autoridades del país visitado. También las tareas que desarrolla la Academia Española, a través de la Escuela de Lexicografía Hispánica, para formar lexicógrafos que ayuden en las tareas de las Academias, ofreciendo además un amplio programa de becas de formación y de trabajo.

Vista la intensidad del esfuerzo común de las Academias puede decirse que el panhispanismo marca una etapa caracterizada por la preocupación por la unidad, respetando la diversidad. Los Estatutos fundacionales de la RAE acogieron el conocido lema Limpia, fija y da esplendor, para remarcar las misiones que asumía en relación con nuestra lengua. Las cumplió a lo largo del siglo xviii publicando sus obras normativas y en el xix reforzando su autoridad. El lema dicho y el emblema del crisol en el fuego siguen adornando paredes, techos y vidrieras de la sede central de la RAE. Pero el lema que comparten hoy todas las Academias es el de la unidad de nuestra lengua, consignado en los Estatutos de la RAE vigentes, de 1993, con el fin primordial de la actividad de la Academia.

El panhispanismo y los lenguajes de especialidad

Es lógico pensar que una corporación como la Academia, nutrida por personas que, a partir de la primera generación, tenían cargos de responsabilidad en los tribunales y los consejos de la monarquía (los atrasos en la terminación de la segunda edición del Diccionario de autoridades se explicaron al inicio del único volumen que se reeditó, en 1770, con este argumento: los trabajos «han continuado siempre que lo han permitido las ocupaciones de los académicos, empleados en los tribunales del rey, en sus principales oficinas y en otros ministerios públicos…»), tuviera especial inclinación a utilizar textos legales para ejecutar la tarea de elegir las palabras que debían incorporarse al Diccionario. Elaborar un diccionario nuevo imponía llevar a cabo una selección de los vocablos que era pertinente incorporar. Como ya he puesto de relieve, la Planta que la Academia aprobó en 1713, y desarrollaría con detalle la presentación del primer volumen del Diccionario, editado en 1726, los académicos se repartieron las obras literarias de los autores más reconocidos para «desfrutarlas», es decir, para extraer de ellas, en forma de frutos lingüísticos, las palabras que propondrían para formar parte de la primera compilación académica, llamada Diccionario de autoridades justamente porque cada palabra seleccionada estaba apoyada en su utilización en obras literarias relevantes.

Pero junto a las obras literarias, los usuarios del texto pudieron observar, nada más publicarse, que se mencionaban en muchas páginas diversos textos legales que habían servido de fuentes de alimentación del Diccionario. Durante muchos años fue difícil de concretar el influjo real que habían tenido, cuantificándolo, es decir precisando el número de palabras que habían entrado en el Diccionario de autoridades por influencia de los principales textos legales castellanos. Bien avanzado el siglo xx algunos filólogos hicieron aproximaciones de interés y, más tarde, la digitalización de la obra resolvió la cuestión.

Margarita Freixas Alás estudió la diversidad de los textos legales usados en el Diccionario. Entre ellos destacan el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Partidas, «los Fueros de Vizcaya, Sevilla, Galicia, y los demás que se hallaren impresos, generales o particulares, antiguos y modernos, y todas las Pragmáticas Reales», la Nueva Recopilación, la Recopilación de Leyes de Indias, y muchas normas de menor entidad como las Ordenanzas de Abejeros, Huertas y Montes, diversos autos acordados del Consejo, las Ordenanzas Militares, las de Guarnicioneros, las definiciones de la Orden de Alcántara, de la Orden de Calatrava, y diversas pragmáticas de tasas, entre las cuales la más importante para el Diccionario es la publicada en 1680. Freixas Alás ha contado hasta cuarenta y ocho textos legales distintos en el Diccionario.

Un estudio de Guillermo Rojo sobre el peso de los textos legales en el Diccionario, utilizando con este fin herramientas informáticas, ofrece los importantes resultados que resumo:

Hay leyes, compilaciones y fueros que tienen una presencia continua y son la fuente de centenares de palabras. Especialmente la Nueva Recopilación de 1567, la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, las Partidas, el Fuero Juzgo y una variada cantidad de fueros municipales, ordenanzas y pragmáticas. La Nueva Recopilación ocupa el tercer lugar absoluto en número de citas con 1532, solo superada por Quevedo y Cervantes, Lope de Vega y fray Luis de Granada. Si se suma el total de citas de textos jurídicos resulta que esta fuente está a la altura de la obra literaria más citada y por encima de la mayoría de ellas.

También es digno de ser resaltado que cuando en los artículos del Diccionario se utilizan varias citas, unas literarias y otras legales, se ordenan poniendo siempre por delante estas últimas. Así ocurre hasta con las menciones a la modesta Pragmática de tasas de 1680, a la que se da preferencia frente a textos de Cervantes o Quevedo. El Diccionario no solo reconoce la misma autoridad a aquella norma que a los clásicos, sino que pone por delante la cita de la Pragmática.

La segunda clase de relaciones de la Academia con el lenguaje jurídico se centra en los planes de la corporación para preparar diccionarios especializados, entre los cuales cabe sostener que uno de lenguaje jurídico estaba previsto desde el momento de la fundación.

La Academia anunció en el prólogo del Diccionario de autoridades un proyecto para llevar a cabo cuando este estuviera acabado, consistente en preparar un diccionario de las «artes liberales y mecánicas». Decía al respecto que del vocabulario correspondiente a esas materias se habían recogido «solo las que han parecido más comunes y precisas al uso». Pero seguidamente prometía: «8. De las voces propias pertenecientes a artes liberales y mechánicas ha discurrido la Academia hacer un diccionario separado, cuando este haya concluido…». Cuando publicó la segunda edición del primer tomo, en 1770, parece que había declinado hacerlo por considerar que Autoridades era un «diccionario universal», muy copioso, desde luego, que incluía «todas las voces que se usan en el trato o comercio común de las gentes», circunstancia que justificaba no «entrar en él las ciencias, artes y oficios que no han salido del uso peculiar de su profesión».

El preámbulo referido a la edición de 1770 del volumen primero del Diccionario de autoridades no solo dejaba clara la renuncia a diccionarios especializados, sino que ponía coto también al crecimiento de esta clase de vocabulario en el Diccionario general.

Explicaba que

de las voces de ciencias, artes y oficios sólo se ponen aquellas que están recibidas en el uso común de la lengua, sin embargo, de que la Academia pensó antes ponerlas todas, y para esto hizo repartimiento de ellas entre los académicos, como se previno en el sexto tomo de la primera edición. La razón de haber variado consiste en que este no es un diccionario universal, pues, aunque se propuso hacerle copioso y esto se ha procurado, se debe entender de todas las voces que se usan en el trato o comercio común de las gentes, y así no deben entrar en él las de ciencias, artes y oficios que no han salido del uso peculiar de sus profesores: y por esta razón la Academia Francesa, y la de la Crusca excluyen de sus diccionarios estas voces.

Señalaré incidentalmente que en ese preámbulo del Diccionario hay otra referencia importante a la relación de la Academia con la legislación. En la preparación de los diccionarios académicos, entonces y ahora, ha sido siempre cuestión de interés decidir en qué medida deben conservarse vocablos antiguos y en desuso. El preámbulo explica las razones que se manejaron para mantenerlos en aquella edición:

Las anticuadas se incluyeron en la primera impresión del Diccionario, así por haber sido del uso común de la lengua, como por ser importantes para la inteligencia de nuestras leyes, fueros y ordenanzas, crónicas e instrumentos antiguos. Y habiendo reconocido que faltaban muchas, se ha procurado con particular cuidado recogerlas, y con efecto se ha logrado que en esta parte tan principal salga también aumentada la presente edición.

El hueco que dejó el desistimiento académico lo ocupó, unos años después, el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina y castellana (1786-1788) del jesuita Esteban Terreros y Pando. Obra monumental que se centró en corregir y ampliar voces del Diccionario de la Academia, añadiéndole vocablos correspondientes a las especialidades que no figuraban en él.

Pero la cuestión de la recepción en el Diccionario del léxico técnico, en la medida al menos en que fuera utilizado en la comunicación ordinaria, se estuvo replanteando desde entonces y hasta hoy mismo. Con ocasión de la edición de 1884, que suscitó diversas polémicas, académicos de tanto peso como Valera y Castelar se mostraron partidarios de estudiar y corregir dicho lenguaje. Y la Academia, finalmente, acordó que el Diccionario debía incluir voces «de ilustre abolengo y de uso bastante autorizado [que] pertenezcan a las ciencias, a las artes y a los oficios de más general aplicación […] cuando hayan traspasado los dominios de lo técnico para entrar en el lenguage común».

El tercero de los trabajos, enunciados al principio, que son reveladores de la atención que la Academia ha prestado al lenguaje de las leyes a lo largo de su historia, está relacionado con la importancia de la primera legislación castellana para la formación de la lengua y como crisol en el que se depuraron adherencias que lo afeaban o corrompían, y su relevancia como fuente muy influyente en la estandarización de una lengua romance como la nuestra.

El desistimiento de la RAE de su intención, declarada en 1713, de preparar diccionarios de especialidad, llevó a aplicar, en las sucesivas ediciones del Diccionario académico de uso, a partir de la de 1780, que fue la primera en un solo tomo sin «autoridades», el criterio de incluir vocablos procedentes del lenguaje jurídico, marcados con la abreviatura Der., solo en los casos en que habían salido del lenguaje estrictamente especializado y entrado en el uso común. Como el Diccionario era ya en el siglo xviii muy «copioso», como gustaban decir los preámbulos y otros textos académicos, se aceptaron muchas palabras de todas las ciencias y técnicas instrumentales. De derecho se mantienen marcadas más de seis mil entradas. No son todas las inspiradas en fuentes jurídicas porque hay muchas de uso general que tienen aquel origen, aunque no se haya estimado pertinente marcarlas.

El derecho, que tuvo tanta importancia para la actividad de la RAE en los primeros cien años de su existencia, no podía ser condenado a ocupar un lugar secundario en los corpus y obras académicas. En 2014 la RAE respondió a esta exigencia editando el Diccionario del español jurídico, que es el primer diccionario de especialidad que prepara en toda su historia. El Diccionario del español jurídico no es un diccionario de la ciencia del derecho, sino de la lengua del derecho. A lo largo de los siglos se han editado muchos diccionarios jurídicos. La ordenación de los conocimientos jurídicos por palabras ha sido una técnica muy habitual de exponer el contenido de las instituciones. Estos diccionarios, de los que hay muchos ejemplos en la actualidad en todas las lenguas, recogen lo que los juristas han investigado y sostenido, las regulaciones legales, su historia, o los conflictos resueltos por resoluciones de los tribunales. En cambio, el Diccionario del español jurídico de la Academia se interesaría solo por la significación de las palabras.

No se había editado el Diccionario del español jurídico cuando el equipo formado para abordar este proyecto estaba ya trabajando en el Diccionario panhispánico del español jurídico. La expansión del ámbito territorial del Diccionario se debió a que, tras la publicación del Diccionario del español jurídico, la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Asunción (Paraguay) en abril de 2016, asumió como proyecto propio preparar un diccionario jurídico panhispánico, partiendo de la obra publicada en España.

Se designaron instituciones colaboradoras en todos los países hispanohablantes y se repartió nuevo trabajo entre todos los participantes. La nómina de instituciones que aportaron especialistas y contribuyeron es impresionante.

La RAE ha sido la principal promotora, pero ha contado con el impulso de la Cumbre Judicial Iberoamericana y con el Consejo General del Poder Judicial de España. El proyecto ha recibido el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana. Y los colaboradores son miembros de las 22 Academias de la Lengua Española de la ASALE, un número importante de Academias de Jurisprudencia y Legislación, las Cortes o Tribunales Supremos de Justicia y Consejos Nacionales de la Magistratura, y profesores de 77 universidades españolas e hispanoamericanas. Más de 400 especialistas en total.

Una primera versión provisional impresa se presentó en la Universidad de Salamanca el 15 de diciembre de 2017, bajo la presidencia de S. M. el rey de España. El acto contó con la presencia de los directores y presidentes de todas las Academias de la Lengua, de muchos altos responsables de los Tribunales y Cortes Supremas americanas y de las instituciones implicadas en el proyecto.

Tras esta presentación, la obra ha sido expuesta por su director o por algunos colaboradores en muy diferentes foros universitarios y judiciales. Entre ellos, he tenido la oportunidad de hacerlo personalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (9 de abril de 2018), en la Universidad de Costa Rica (13 de abril de 2018), Universidad del Rosario de Colombia (16 de abril de 2018), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (23 de abril de 2018), Corte Suprema de Chile (24 de abril de 2018), Universidad de Buenos Aires (26 de abril de 2018), Corte Suprema y Academia de la Lengua de Paraguay (25 de marzo de 2019), VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba (Argentina, 27 al 30 de marzo de 2019), XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Sevilla, España, del 4 al 8 de noviembre de 2019), Universidad de La Habana (17 de febrero de 2020), Corte Suprema de Justicia y Academia Nicaragüense de la Lengua (20 de febrero de 2020), Corte Constitucional y Academia Guatemalteca de la Lengua (24 de febrero de 2020), Academia Dominicana de la Lengua (1 de marzo de 2020).

El proyecto digital del DPEJ ha merecido el reconocimiento internacional de la Asamblea plenaria y extraordinaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), celebrada en Antigua Guatemala en enero de 2018; la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, Quito (Ecuador), abril de 2018; XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Antigua Guatemala, julio de 2018, y la XXVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, Antigua Guatemala, noviembre de 2018.

La novedad más importante de la edición digital del Diccionario panhispánico es que añade a las definiciones ejemplos de uso y permite acceder a la legislación española y de todos los Estados hispanoamericanos, cuando usa las palabras o expresiones del Diccionario. Es decir, las entradas que contienen vínculos con la legislación ofrecen el extraordinario valor añadido de agrandar la información sobre cada concepto en términos nunca conseguidos hasta hoy. Para no complicar el acceso a la respuesta sobre la definición o significado de la palabra o expresión consultada, que será lo primero que los usuarios busquen, la información legislativa o jurisprudencial está situada en una capa oculta que solo se abre a requerimiento del usuario, que precisará un clic para desplegarse.

El Diccionario panhispánico del español jurídico ha sido ya valorado como un hito de la cultura lingüística y jurídica que une a la comunidad hispanohablante. La más aparente de sus aportaciones radica en la mejora del conocimiento del lenguaje jurídico, lo que repercutirá en su claridad y accesibilidad, así como en su más correcto empleo por los operadores jurídicos. Contribuirá también al mantenimiento de la unidad esencial de nuestro idioma, muy presionado en todo el mundo, pero especialmente en el continente americano, por expresiones culturales y conceptos que no encajan en nuestra tradición ni aportan utilidades. El derecho es un componente esencial de nuestra cultura común, que ha contribuido de forma muy importante a consolidar la lengua española en América; es muy conveniente tener presente toda la riqueza de sus instituciones para evitar neologismos e importaciones de instituciones innecesarias.

La universalización de la información que el Diccionario panhispánico contiene permitirá la emulación y ofrecerá modelos regulatorios de importancia para asegurar las formas democráticas de gobierno, mantener los valores del Estado de derecho y las garantías de las libertades y derechos de los pueblos que forman parte de la comunidad iberoamericana. Podremos imitar lo mejor de cada uno de nosotros gracias a la mayor información. La comunidad cultural se enriquece con el conocimiento de estructuras y modelos que tenderán a afianzarse y estandarizarse, con enorme beneficio para la seguridad jurídica, tanto de las personas como de las empresas.

Para los poderes del Estado y todos los operadores jurídicos, públicos y privados, la obra es un repositorio de saberes y experiencias, que servirán de apoyo a las tareas legislativas y judiciales y a la formación de las políticas públicas en cualquier ramo de la actividad administrativa o legislativa.

La claridad del lenguaje como política panhispánica

Una corriente de pensamiento, convertida también en protesta social de intensidad creciente, está recorriendo el mundo desde hace unos pocos lustros. Afecta al uso de la lengua en todos los idiomas universales de origen europeo. Demanda claridad. Especialmente cuando se concreta en resoluciones de los poderes públicos dirigidas a los ciudadanos, ya se trate de decisiones legislativas, judiciales o ejecutivas. La reclamación empezó refiriéndose a las instituciones del Estado y al lenguaje de los juristas (sobre los que desde muy antiguo pesa el sambenito de oscuridad interesada) pero, en la actualidad, la queja se ha extendido a otros ámbitos. En general, todos los servicios públicos y actividades privadas relevantes para la libertad, los mercados o la economía, están en el punto de mira del movimiento. Por tanto, bancos, seguros y actividades financieras; consumo, medio ambiente, protección de datos, publicidad, etc.

Los fundamentos que sustentan estas exigencias son, por una parte, el deber de todas las instituciones públicas y corporaciones y empresas privadas de dar a conocer sus decisiones y ofrecer sus servicios con formas lingüísticas transparentes y fácilmente comprensibles. Por otro lado, se está fortaleciendo la convicción de que el primero de los derechos de los ciudadanos, que es esencial para que puedan ejercerse los demás con garantías suficientes, es el derecho a comprender las resoluciones o informaciones que pueden afectarles.

A finales del año pasado expuse las proyecciones de estas ideas constitucionales nuevas en un breve libro titulado Fundamentos del leguaje claro (Madrid, Espasa, 2024), y poco después, la Real Academia Española hizo pública la Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible.

Su consideración se ha hecho especialmente precisa porque a la oscuridad que afectaba a muchas comunicaciones del poder y de los dominadores de los mercados, se han añadido recientemente novedades sociales y tecnológicas que incrementan el problema. Pongo por delante, en cuanto a las primeras, las reclamaciones sobre la utilización de un «lenguaje inclusivo», propugnado por algunos sectores de la sociedad como remedio contra la desigualdad general del sexo femenino, de raíces históricas, cuya continuidad es de todo punto insostenible en la actualidad. Esta reivindicación se ha hecho extensiva al sistema lingüístico, con el propósito de eliminar su excesiva masculinización. Con tal fin, son innumerables los organismos, públicos y privados, que han aprobado «guías de lenguaje inclusivo», que postulan soluciones sobre el uso adecuado del lenguaje. Como esto está ocurriendo en toda la geografía universal del español, los ciudadanos se encuentran con una pluralidad de recomendaciones, no siempre coincidentes, que no contribuyen precisamente ni a la claridad ni a la unidad de la norma lingüística, tan esencial en la historia de la nuestra como ha quedado expuesto. Lo peor ocurre cuando las prescripciones de estas guías afectan al ejercicio de los derechos.

El segundo ámbito relevante es el de las nuevas tecnologías. Especialmente la inteligencia artificial, que está haciendo un uso intensivo y ordinario de la lengua. Esta circunstancia proyecta consecuencias sobre la unidad y claridad del lenguaje de los que me ocuparé más adelante en este escrito.

Como estoy centrando la información en las cuestiones concernientes a la geopolítica del español y, en particular, a la acción panhispánica que involucra a las Academias de la Lengua y otros organismos con los que se desarrollan programas de cooperación cultural en la materia, he de hacer referencia especial al importante desarrollo que está cobrando la Red Panhispánica de Lenguaje Claro.

Red Panhispánica de Lenguaje Claro

La Red Panhispánica de Lenguaje Claro, que descansa en la autoridad de la Real Academia Española y de las Academias de la Lengua Española agrupadas en ASALE, fue creada en 2022 mediante un acuerdo entre la Corte Suprema de la República de Chile y la RAE y la Red chilena de Lenguaje Claro. Desde aquel mismo año se han sumado a la iniciativa el Tribunal Supremo español y la mayor parte de las Cortes Supremas de Hispanoamérica y la Cumbre Judicial Iberoamericana que las agrupa a todas. Y, en bloque, las redes nacionales de lenguaje claro constituidas en muchos de los países de habla española. Sucesivamente, el número de miembros de la Red Panhispánica ha crecido con rapidez gracias a la incorporación de instituciones públicas de todos los Estados, universidades, entidades encargadas de servicios públicos de interés general, fundaciones y corporaciones del tercer sector, etc.

Se ha abierto así la posibilidad cierta de recuperar las mejores fórmulas para una ordenación del lenguaje claro en toda la geografía donde domina la lengua española. Ha de estar basada en normas comunes, que aseguren el mejor criterio lingüístico y la unidad, sin perjuicio de que las instituciones que lo deseen puedan aprobar y difundir sus normas complementarias para añadir las particularidades que procedan. Lo mismo que la existencia de un Diccionario de la lengua española, como compendio léxico general, no es obstáculo para la elaboración de diccionarios que reúnan el vocabulario propio de cada país, la existencia de normas generales sobre lenguaje claro debe basarse en la voluntariedad y la elaboración colaborativa y consensuada, dejando espacio a las especialidades que puedan presentarse razonablemente.

La larga y amplia trayectoria de la RAE en materia de lenguaje claro se remonta a los orígenes de la institución. Desde el siglo xviii ha procurado que sus obras lingüísticas y literarias fundamentales resulten comprensibles y accesibles para todos los hispanohablantes, sin perjuicio de su nivel de formación o sus condicionamientos personales, a través de la elaboración de versiones simplificadas y compendiadas o de su presentación en formatos adaptados a diferentes colectivos. En los últimos años, junto a la reformulación de los códigos básicos de la lengua (el Diccionario, la Gramática y la Ortografía), consensuada por todas las Academias de la ASALE, el enfoque panhispánico ha propiciado el nacimiento de nuevos proyectos al servicio de la función académica de poner el conocimiento de la lengua española al alcance de todos los hablantes. A este principio responden, entre otros, el Diccionario panhispánico de dudas (publicado en 2005, cuya segunda edición se ha presentado en 2025), el Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica (2018), el programa Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA) o el nuevo espacio académico de divulgación. Los dos últimos, resultado del congreso de la ASALE de Sevilla, 2019, forman parte de un ambicioso plan de trabajo panhispánico que pretende ofrecer un servicio renovado y útil a la comunidad hispanohablante de hoy.

Al mismo tiempo, la RAE ha reconocido históricamente el valor de la contribución del lenguaje jurídico a la unidad de la lengua española, como se ha explicado en el apartado anterior.

La declaración del lenguaje claro y accesible como principio y como derecho se produjo en la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana (Asunción, Paraguay, 13-15 de abril de 2016). Al afirmar explícitamente que «la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales, y que ello constituye el verdadero derecho fundamental del debido proceso», la Declaración de Asunción sanciona la necesidad de utilizar un lenguaje jurídico claro, inclusivo y no discriminatorio, capaz de ser entendido por todos los ciudadanos a los que se dirige. Pero, además, y esto es muy relevante, acuerda la ejecución de un programa de lenguaje claro que tiene como eje esencial el proyecto de elaboración del Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ).

Al lado del DPEJ, el proyecto de la cumbre «Justicia y lenguaje claro: por el derecho del ciudadano a comprender la justicia» dio lugar a diversas actuaciones nacionales. Entre ellas destaca la constitución de las redes de lenguaje claro de Chile (2017), Argentina (2018) y Colombia (2018), con el propósito de alentar la vigilancia, agrupar iniciativas y avanzar de manera sistemática en la creación de productos específicos y en la formación. Los desarrollos locales fueron diversos y con matices que han marcado las distintas líneas de trabajo de este amplio proyecto.

Desde su XVIII edición la Cumbre Judicial Iberoamericana ha incorporado a su estructura permanente el Grupo Lenguaje Claro y Accesible, coordinado por España y Chile, y, dentro de él, también como estructura permanente e «hijo de cumbre», el Diccionario panhispánico del español jurídico, cuyos trabajos continúan en la actualidad. En la XXII Cumbre Judicial, celebrada en Santo Domingo en 2025, se ha presentado una nueva edición del DPEJ digital, revisada y ampliada.

La estrecha conexión entre la RAE y la Corte Suprema de Chile, unida a su trayectoria de trabajo en común en el grupo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, hizo posible la constitución de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro a través de un acuerdo suscrito por ambas instituciones, junto a la Secretaría pro Tempore de la Red de Lenguaje Claro Chile, el 9 de junio de 2022, durante un solemne acto celebrado en la sede de la Corte chilena.

La Red Panhispánica de Lenguaje Claro ha contribuido inmediatamente a ensanchar los ámbitos a que extiende su actividad. Empezó constreñida al lenguaje jurídico, pero rápidamente ese campo ha quedado sobrepasado para incluir otros lenguajes de especialidad, ha superado también el dominio de las formas de comunicación convencionales para estar presente en los problemas del uso de la lengua por la inteligencia artificial, ha ampliado su campo de estudio y propuestas para atender los retos del lenguaje accesible para todos, ya que la accesibilidad universal de las comunicaciones es uno de los principios que han impuesto las normas generales sobre transparencia y discapacidad.

Este desbordamiento del reducto donde se originaron el derecho a conocer y el deber de comunicar con claridad ha generado la necesidad de que se renueven las guías o recomendaciones en materia de lenguaje claro, para que acojan la gama entera de sus actuales proyecciones.

La Real Academia Española ha ofrecido en la I Convención sobre Lenguaje Claro, celebrada en su sede los días 20 y 21 de mayo de 2024, una Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, atenida estrictamente a las normas lingüísticas asentadas a lo largo de los años, que podrá servir de criterio y de modelo, bien para su aplicación directa, bien para su reproducción, desarrollo y complemento de otras recomendaciones especializadas por razón de la materia o adaptadas a las variantes lingüísticas de otros países de habla hispana.

La Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, de la Real Academia Española, ha sido asumida y aprobada por todas las Academias de la Lengua pertenecientes a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

La Red Panhispánica de Lenguaje Claro no es la primera iniciativa en favor del lenguaje claro que se desarrolla en el ámbito de los Estados hispanohablantes, pero sí es el primer movimiento que logra comprometer, de modo unitario y articulado, y atendiendo a pautas normativas y programas comunes, a la mayor parte de las instituciones públicas y organizaciones responsables de la prestación de servicios de interés general en toda la geografía mundial del español.

Una mirada a la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial en el dominio del lenguaje humano plantea la cuestión de las repercusiones puramente lingüísticas de esa utilización, es decir, la calidad y la accesibilidad de la lengua hablada por las máquinas y el riesgo de que produzca perjuicios en su unidad, mantenida hasta hoy como una de las mayores conquistas de la ordenada expansión del español en el mundo. El problema que enuncio no es ninguna cuestión de futuro, sino que describe una situación con la que la RAE ha empezado a enfrentarse. Estará bien subrayar que no es esta una cuestión baladí. La lengua es el valor principal de la cultura de los pueblos y el español lo es de una comunidad que incluye a casi seiscientos millones de personas. Un deterioro de la calidad, la capacidad expresiva, la belleza o la unidad del español a cuenta de los desarrollos de la inteligencia artificial sería una lesión cultural de primer orden. Téngase en cuenta que la Real Academia Española, durante más de trescientos años, ha dedicado toda su relevante actividad al mantenimiento de normas léxicas y gramaticales que aseguren la capacidad de comunicación del español y su unidad en todo el espacio hispanohablante. Las obras de la RAE han sido aceptadas siempre y consideradas, a lo largo de los tres siglos de la institución, como normas de obligado acatamiento. No tiene la Academia a su disposición un poder sancionador con el que reprimir a los infractores, pero su autoridad y prestigio determinan que sus reglas constituyan un singular «derecho blando» cuyo acatamiento es imprescindible para cualquiera que desee ser miembro de una comunidad hispanohablante como persona alfabetizada. Es la sociedad misma la que repudia la utilización bárbara, inadaptada o incorrecta de la lengua común.

Este carácter normativo de las obras académicas tiene, desde hace ya muchos decenios, el apoyo de las Academias de la Lengua Española, que empezaron a constituirse en América desde finales del siglo xix, y de la Asociación de Academias que se fundó en 1951, y ha mantenido regularmente su actividad hasta hoy. El Diccionario, la Gramática y la Ortografía, que son las principales obras normativas de la Academia desde el siglo xviii, han ido adaptándose a la evolución del idioma. Los procedimientos de elaboración y reforma de los textos correspondientes han sido siempre cuidadosos y meditados, y basados en los cambios paulatinos del lenguaje. La relación de la Academia con la lengua puede decirse que se produce con la intermediación de los propios usuarios del idioma, siempre personas dotadas de inteligencia natural a los que la Academia puede dirigirse directamente porque tienen capacidades que les permiten entender los mensajes que la institución envía con sus obras y recomendaciones.

La utilización de la lengua por la inteligencia artificial cambia este panorama tradicional. La RAE no tiene relación directa con las máquinas, ni posibilidad de corregir directamente la eventual barbarie con la que manejen el idioma. La lengua de las máquinas la determinan sus programadores. Siempre se han adaptado las obras académicas a los cambios, muy lentos, que los hablantes introducen en el idioma. Son muchos millones de agentes los propietarios de la lengua, a los que esta institución sigue con toda meticulosidad apuntando sus mutaciones y variantes en toda la geografía universal del español. Desde hace pocos años y con una intensidad creciente, los cambios no son obra exclusiva de la comunidad de los hispanohablantes porque se han introducido en el sistema de la lengua agentes nuevos, las empresas tecnológicas que usan inteligencia artificial, que son potenciales reguladores o, al menos, prescriptores de nuestra propia lengua, con capacidades para imponer variantes que pueden no coincidir con los usos comunes de los humanos. Además, esas prescripciones se establecen como reglas de uso a toda la extraordinaria legión de nuevos usuarios de la lengua, que son cientos de millones de máquinas parlantes. Ciertamente, los directivos de las grandes empresas tecnológicas que fabrican máquinas dotadas de inteligencia artificial, capaces de usar nuestra lengua, tienen el máximo interés en que lo hagan en términos de calidad aceptable porque, de no ser así, lo mismo que las comunidades de hablantes repudian a quienes no manejan adecuadamente el idioma común, los mercados no aceptarán productos defectuosos porque carecen de las habilidades idiomáticas mínimas.

La cuestión problemática radica, no obstante, en la posibilidad de que se establezcan estándares poco exigentes para el lenguaje de las máquinas, o también que se generen diferencias crecientes entre las lenguas programadas para sus máquinas por las principales empresas tecnológicas. Es posible, por ejemplo, lo más elemental: que el vocabulario con que se dota a la inteligencia artificial hablante sea menor en unos casos que en otros. Puede ocurrir que algunas máquinas parlantes acepten jergas o particularismos lingüísticos desconocidos por otras, abunden en variantes fraseológicas que no hayan sido asumidas por todos los programadores, o, en fin, que se utilicen de modo sesgado especialidades lingüísticas de algunos territorios y se use menos, o incluso se desplace, el tronco común del idioma. Estas especialidades pueden ser el germen de dialectos digitales, llamémoslos así, que tensionen la unidad y establezcan las bases de una fragmentación del uso del idioma que la normativa académica ha logrado evitar durante más de trescientos años. Sería un grave retroceso, desde luego, con un impacto cultural de enorme envergadura.

No es esta una cuestión que pueda banalizarse porque en la actualidad ya hay en el mundo más máquinas que manejan la lengua natural que humanos. Estas máquinas se han introducido por completo en nuestras comunidades y nos acompañan en todas partes y durante todo nuestro tiempo: teléfonos y relojes inteligentes, tabletas y computadores, traductores, correctores lingüísticos en los teclados que usamos para escribir, navegadores, asistentes de voz que colaboran eficazmente en las tareas domésticas y en la programación de nuestra vida diaria, juegos hablantes con los que aprenden los niños… En fin, la vida diaria de cualquier ciudadano se desarrolla en compañía de la inteligencia artificial (dada la dependencia que generan todos los programas mencionados, seguramente son ya el miembro de la familia con el que más trato existe) e, indudablemente, influye en el uso de la lengua. En el caso de los niños y de las personas con menos formación porque se produce un más que probable aprendizaje directo del vocabulario, la fonética y la fraseología de las máquinas. Si de adultos formados se trata, porque los programas indicados imponen cambios paulatinos en el lenguaje que tienden a deteriorarlo y acarrean peligros para su calidad expresiva.

Mencionaré algún ejemplo de esto último. Los teclados inteligentes, que nos advierten sobre la incorrecta ortografía de alguna palabra, o incluso marcan automáticamente que no existe, toman como referencia corpus léxicos que pueden ser insuficientes o incorrectos. El Diccionario de la lengua española de la RAE y ASALE contiene alrededor de 94 000 entradas y 189 000 acepciones. Otros diccionarios recogen un léxico más limitado. Y nadie obliga, hasta ahora, a las empresas tecnológicas a que entrenen sus máquinas con uno u otro diccionario o, incluso, que elaboren un vocabulario propio. La consecuencia de estas elecciones es que el teclado inteligente aceptará o no un vocabulario más rico dependiendo de la extensión del corpus que use. Pero, además, no es cuestión de número, sino también de calidad: un corrector puede excluir una determinada expresión, aunque sea correcta, porque sus programadores así lo han decidido, y esto puede ocurrir al margen de las normas que la RAE ha establecido y que los humanos venimos aceptando como correctas desde hace tres siglos. Sucede, además, si el usuario acepta las indicaciones de su teclado inteligente, los algoritmos de que se vale el sistema viralizan la solución, sea correcta o incorrecta desde la perspectiva de las normas lingüísticas, generalizándola. La Academia ha podido determinar que hay teclados con sistemas de corrección automática que dan por inexistentes casi el veinte por ciento de los vocablos que figuran en nuestro diccionario. Problemas semejantes se suscitan con los traductores automáticos. Ha avanzado esa tecnología a una velocidad pasmosa y no tardará en llegar el tiempo en el que los traductores sean intermediarios habituales en las conversaciones entre individuos de diferentes lenguas o para la lectura y comprensión de obras y libros de cualquier clase. He escrito en otro lugar que el progreso de la traducción automática augura el final de Babel porque las diferencias lingüísticas acabarán siendo superadas gracias a esos programas inteligentes, de modo que no tendremos que soportar la maldición bíblica de tener que aprender otros idiomas para mejorar nuestra capacidad de comunicación. Podremos hablar con cualquiera con absoluta simultaneidad entre la expresión originaria y la derivada de la traducción.

Pero hay que tener en cuenta la enorme importancia de que las máquinas sean entrenadas con los vocabularios adecuados y que manejen correctamente el sistema entero de la lengua. Se están tratando de preparar, con comprensible aceleración, corpus para la inteligencia artificial de la lengua española que, hasta donde son conocidos, plantean muchos problemas si se comparan con los corpus lingüísticos que la RAE ha elaborado desde hace años.

El sistema habitual de construcción de aquellos recursos consiste en programas que recorren la red (o acuden a bancos de datos donde se ha producido una previa acumulación de palabras contenidas en sitios web) en busca de textos potencialmente interesantes para, tras algunos filtros referidos a la lengua del texto, tamaño, eliminación de repeticiones y similares, integrarlos en esos conjuntos ingentes que son procesados en busca de los modelos capaces de generar textos nuevos a partir de un ejemplo previo, lo que resulta muy útil a la hora de elaborar resúmenes, simplificar grandes cantidades de información, generar preguntas y respuestas e, incluso, mantener un diálogo. Los corpus de referencia, como los elaborados por la RAE, siguen un planteamiento totalmente distinto. Su objetivo básico consiste en integrar materiales de muy diverso tipo y procedencias a efectos de obtener los datos necesarios para mejorar nuestro conocimiento acerca de la situación de la lengua española, sus variedades y su historia y poder aplicar luego esos conocimientos a campos muy variados.

Se recuerda con frecuencia el riesgo de los sesgos que pueden presentar los algoritmos de inteligencia artificial, que puedan afectar a la igualdad de género, a la desigualdad por razón de la discapacidad, o ser contrarios a las políticas medioambientales. Pero es pertinente añadir los sesgos lingüísticos consistentes en una mala utilización gramatical o léxica de nuestro idioma. Entre las diferentes causas de la aparición de sesgos en la inteligencia artificial, es más probable que los sesgos procedan de los big data. Los grandes corpus ya existentes en cualquier idioma han sido compendiados, en la mayor parte de los casos, mediante procedimientos automatizados en los que no se incluyen instrumentos capaces de detectarlos. Puede haber discriminaciones geográficas debidas a que las bases de datos hayan atendido al lenguaje común de una parte del mundo (hispanohablante en nuestro caso) olvidando, si aquellas se han preparado en España, el léxico y las expresiones americanas. Para luchar contra ello la fórmula más adecuada es la utilización de corpus lingüísticos bien marcados, en los que se haya depurado cualquier sesgo, contrastado las desviaciones de cualquier corpus de gran tamaño que se esté utilizando para entrenamiento de la inteligencia artificial o a efectos de la preparación de algoritmos.

Siendo importante el desafío de defender la cultura y los derechos de los riesgos que plantea la inteligencia artificial, ninguna duda me cabe de que la mejor opción que pueden seguir los Estados y la Unión Europea, y más bien esta que los Estados dada la escala del problema, es regularla lo antes que sea posible. En los ámbitos económicos angloamericanos se inclinan más bien por la autorregulación. La cultura europea ha preferido siempre la regulación de los nuevos inventos. Lo urgente ahora no es entretenerse en cambiar los principios en que se ha basado tradicionalmente la relación entre lo público o privado en el área europea y en la angloamericana; ya habrá tiempo y maneras de confluir en principios y valores de puerto seguro para que las reglas de ordenación sean globales.

Uno de los principios generalmente admitidos de la inteligencia artificial y de la robótica es el que exige que las máquinas siempre estén dominadas por los humanos. Este principio impone la necesidad de que los poderes públicos establezcan límites de la inteligencia artificial mediante una regulación de sus aplicaciones. Desde hace años se han estado aprobando directrices no vinculantes y criterios éticos sobre el uso de la inteligencia artificial, tales como las que fijó en 2018 el grupo independiente de expertos creado por la Comisión Europea bajo el título Directrices éticas para una IA fiable. También la Comisión aprobó en 2020 un Libro Blanco sobre la inteligencia artificial. En 2021 se ha elaborado en España la Carta de derechos digitales. También se ha aprobado una Carta iberoamericana de derechos en los entornos digitales en 2023. El Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea han aprobado en 2023 una Declaración Europea sobre Principios y Derechos Digitales para la Década Digital. Son, todos los citados, documentos declarativos, sin valor vinculante. La regulación de la IA en Europa tendrá un impulso definitivo cuando entre en vigor el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial), publicado en Bruselas el 21 de abril de 2021.

El Reglamento pretende desarrollar un ecosistema de confianza mediante la proposición de un marco jurídico destinado a lograr que la IA sea fiable. Se basa en los valores y derechos fundamentales de la UE y tiene por objeto inspirar confianza a los ciudadanos y otros usuarios para que adopten soluciones basadas en la IA, al tiempo que se trata de animar a las empresas a que desarrollen este tipo de soluciones. La IA debe ser un instrumento para las personas y una fuerza positiva en la sociedad, y su fin último debe ser el incremento del bienestar humano. La Comisión propone un marco reglamentario sobre inteligencia artificial con los siguientes objetivos específicos: garantizar que los sistemas de IA introducidos y usados en el marco de la UE sean seguros y respeten la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y valores de la Unión Europea; garantizar la seguridad jurídica para facilitar la inversión e innovación en IA; mejorar la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y los requisitos de seguridad aplicables a los sistemas de IA, y facilitar el desarrollo de un mercado único para hacer un uso legal, seguro y fiable de las aplicaciones de IA y evitar la fragmentación del mercado.

Es importante considerar que el canon de la corrección lingüística no puede limitarse actualmente a la utilización adecuada de las reglas de la gramática o al empleo del vocabulario correcto. La inteligencia artificial está siendo utilizada, a ritmo creciente, por las Administraciones públicas y por las grandes corporaciones empresariales en sus relaciones con los ciudadanos. Cobra especial importancia la exigencia de buen uso del lenguaje en el sentido de que no se oscurezca, limite, pierda capacidad de comunicación porque, de seguirse esta tendencia, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos a entender las normas, las resoluciones de la Administración que les afectan, las decisiones de los jueces y tribunales, y también su capacidad para usar los servicios de interés general, sean públicos o privados.

Como ya he expuesto, existe un movimiento universal en favor del lenguaje claro e instituciones que lo defienden implantadas en geografías supranacionales, no solo de habla española. Las simplificaciones, jergas y dialectos que han introducido las redes, y que puede generalizar la inteligencia artificial, reclaman atención especial. El deber de emplear un lenguaje claro está ampliamente relacionado con la preservación de los derechos individuales, que no pueden ejercerse adecuadamente ante comunicaciones oscuras o casi encriptadas para quienes carecen de habilidades digitales mínimas. Por esta razón a la idea de lenguaje claro hay que añadir la de lenguaje accesible. Hay que adecuar el lenguaje de la inteligencia artificial a las capacidades naturales de las personas.

Cuando la normativa europea o estatal sobre inteligencia artificial se refiere a la prohibición de discriminaciones como uno de los valores que el progreso en esta materia debe preservar, no se refiere solo al sexo, la raza o la religión, sino también a la discapacidad. Un porcentaje importante de la población es incapaz de entender el lenguaje complejo, y la inteligencia artificial (que ha de atenerse a la máxima de que no puede restringir o empeorar el régimen de los derechos) tiene que establecer alternativas útiles para el disfrute de sus ventajas por todas las personas, con independencia de su capacidad, sea por razón de nacimiento, accidente o edad. No es solo un problema de claridad, sino de diseño de un lenguaje fácil, de accesibilidad universal, que hay que entender como uno de los avances irreversibles de los derechos de las personas.

Colección Espasa Geopolítica