Una verdad incomoda

UNA VERDAD INCÓMODA

Testimonio de una época: contra el silencio
y la mentira

JAIME MAYOR OREJA

Epílogo de
Jon Juaristi

Índice

Portada
Portadilla
Dedicatoria
PRÓLOGO
1. LA DURA REALIDAD DEL PAÍS VASCO: LA MUERTE COMO COMPAÑERA DE VIAJE
2. LA ARCADIA VASCA Y EL FINAL DEL MITO (1960-1980)
3. EL FINAL DE LA TRANSICIÓN EN EL PAÍS VASCO: VIOLENCIA EN LAS CALLES Y EN LAS INSTITUCIONES (1980-1982)
4. CRISIS Y REFUNDACIÓN DE NUESTRO ESPACIO POLÍTICO
5. EL PRIMER GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR: PROLEGÓMENOS
6. MI LLEGADA AL MINISTERIO DEL INTERIOR
7. LA LUCHA SIN CUARTEL CONTRA EL TERRORISMO: EL ESPÍRITU DE ERMUA
8. LA TREGUA TRAMPA
9. SEGUNDA LEGISLATURA DEL PP
10. LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, LA VERDAD ÚLTIMA DE NUESTRA POLÍTICA
11. VUELVO A LA POLÍTICA VASCA (2001-2004)
12. EL 11-M DE 2004: UNA NUEVA FRACTURA EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
13. EL PROCESO DE RUPTURA DE ESPAÑA Y LA CREACIÓN DE UN «FRENTE POPULAR»
14. DIEZ AÑOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
15. NEOS, LA DEFENSA DE LOS FUNDAMENTOS CRISTIANOS
16. NEOS, LA ARTICULACIÓN DE UNA «MINORÍA CREATIVA»
CONCLUSIÓN. EL PRESENTE Y EL FUTURO DE ESPAÑA
EPÍLOGO
ANEXOS
Láminas
Créditos

1 LA DURA REALIDAD DEL PAÍS VASCO:
LA MUERTE COMO COMPAÑERA DE VIAJE

Mayo de 1980. Recibo una llamada del delegado de Seguridad para el País Vasco, el general José Antonio Sáenz de Santamaría, de larga trayectoria militar. El 20 de febrero había sido nombrado en el cargo, y, sin duda, aquella era una de sus primeras y más urgentes gestiones. El de 1980 estaba siendo un año terrible en lo que a atentados de ETA se refiere, lo que motivó, en mi opinión, la creación urgente del puesto y el nombramiento inmediato de un delegado de Seguridad para la región, antes incluso de la designación de un delegado del Gobierno, que era lo previsto en el texto de la Constitución española de 1978.

Pocos días después de aquella llamada, el general Sáenz de Santamaría me recibe en su despacho del Gobierno Civil de Vizcaya, en el histórico y emblemático edificio de la Plaza de Federico Moyúa de Bilbao. Sin preludio alguno, me enseña el último número del Zutik, el boletín de ETA Político-Militar (ETA-pm), una publicación panfletaria en la que la banda mostraba su declaración de intenciones y sus objetivos. Saénz de Santamaría me resume el contenido del boletín: en primer lugar, como principal novedad, el partido del Gobierno, esto es, Unión de Centro Democrático (UCD), se ha convertido en objetivo prioritario de los terroristas. En segundo lugar —y esto no era ninguna novedad—, ETA-pm se refiere a Euskadiko Ezkerra (EE) como el partido de la banda. Es decir, una organización terrorista, que tenía su propio partido, se valía del Zutik para señalar a otra formación rival, la UCD, entre los objetivos de los comandos. No se puede olvidar que un año antes, el 3 de julio de 1979, Gabriel Cisneros, ponente de la Constitución y negociador del Estatuto, había sido tiroteado y que Javier Rupérez, diputado de UCD, fue secuestrado el 11 de noviembre del mismo año.

Hasta aquella fecha, ETA ya había asesinado a numerosos militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a civiles que de un modo u otro habían estado vinculados o relacionados con el régimen anterior.

1980: LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE UNA TRANSICIÓN CRUENTA

Entonces yo era secretario general de la UCD en el País Vasco, el partido del Gobierno presidido por Adolfo Suárez, y cuyo presidente regional era Jesús María Viana, el inolvidable Chus Viana, un alavés valiente, con gran facilidad de palabra, expansivo y extrovertido, que años después sería secretario general del CDS (Centro Democrático y Social) y que en aquel momento seguía un tratamiento médico en la Clínica Incosol de Marbella. En su ausencia, yo desempeñaba la tarea de portavoz del grupo de la UCD en el Parlamento vasco, junto a Alfredo Marco, otra persona excepcional con la que he tenido el privilegio de compartir buena parte de mi andadura política.

Preparábamos entonces un desordenado y complejo debate sobre la «pacificación» del País Vasco que se celebraría el 18 de julio de 1980. En realidad, para «pacificar» el País Vasco solo hacía falta que ETA dejara de matar. Pero, desde el primer momento, el nacionalismo retorcía los conceptos, repartía culpas y equiparaba víctimas y verdugos. Cualquiera que relea el Diario de Sesiones se dará cuenta de la extrema dificultad del momento, de la enorme confusión y del desorden político e ideológico existentes, de la falta de dirección, de la ausencia de un denominador común en la mayoría de las intervenciones… En definitiva, del caos completo en que transcurría la política vasca.

Yo había presentado una moción parlamentaria en la que planteaba la necesidad de poner en marcha una campaña de mentalización desde el Gobierno vasco en dos direcciones. La primera, la erradicación del sentimiento de insatisfacción, opresión y frustración que se alimentaba desde las filas nacionalistas. La segunda, tal y como recoge el Diario de Sesiones, consistía en la explicación de la auténtica naturaleza de ETA, que era mucho más que una organización terrorista. Desde su nacimiento, la banda encarnaba un proyecto político cuyo objetivo era la destrucción de los fundamentos (éticos, morales, ciudadanos) de nuestra sociedad y del conjunto de España.

Asimismo, presenté otra moción parlamentaria solicitando el apoyo y el respaldo expreso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un momento en el que la pauta dominante —casi lo políticamente correcto en el País Vasco— era su deslegitimación mediante una campaña de permanente acoso y desprestigio, una campaña profundamente injusta, si se tiene en cuenta el alto grado de sufrimiento personal, familiar e institucional que sus miembros estaban padeciendo.

La UCD del País Vasco, en la diana de ETA

De aquel Pleno recuerdo singularmente el duro debate que mantuvimos con Euskadiko Ezkerra (EE), en especial con su portavoz, Javier Olaberri, entre otras razones porque, de manera incomprensible —e hipócrita—, denunció la supuesta falta de sentido democrático del Gobierno de la UCD, una fuerza que se había convertido en la diana de los etarras, mientras EE era el partido de los verdugos.

En mi respuesta, le recordé a Olaberri el contenido del informe que poco antes me había mostrado el general Sáenz de Santamaría, donde, como acabo de explicar, ETA-pm se refería a EE como «su partido». Difícilmente podían dar lecciones de democracia.

La réplica del portavoz de EE fue abiertamente amenazante. Después de expresar su perplejidad por nuestro conocimiento de un documento que, por cierto, se había hecho público, aprovechó la ocasión para afirmar que se producían numerosas detenciones fruto de acusaciones falsas. Finalizó su intervención acusándonos a nosotros de «¡complicidad, complicidad!». Nos señalaban en el Zutik y nos señalaban en el Parlamento vasco.

No transcurrió mucho tiempo hasta que la amenaza se hizo realidad. En ocasiones, los señalamientos desembocaban en atentados, aunque a veces la Providencia parecía intervenir y las acciones terroristas terminaban siendo frustradas. En el mes de octubre de aquel endemoniado 1980, don Julio Hierro Mojet, que entonces era miembro de la Brigada de Información en Vizcaya —poco después sería su jefe—, me citó en la Comisaría Central del Bilbao, donde me contó que ETA había intentado atentar contra mi vida y la de mis escoltas —durante la primera quincena de agosto de 1980— mientras hacía footing entre el Monte Igueldo de San Sebastián y la playa de Orio, a poco más de diez kilómetros de la localidad de Igueldo. Me explicó que un comando de ETA-pm había preparado mi ametrallamiento en un punto exacto del camino por el que yo pasaría —y pasé—, pero los terroristas no pudieron robar el segundo vehículo, necesario para este tipo de acciones, y tuvieron que aplazar el atentado.

Me he referido antes al carácter providencial del fracaso de algunos atentados, y tengo la convicción de que, en aquel momento, la Providencia intervino, por dos razones: en primer lugar, porque el tiempo meteorológico cambió inesperada y radicalmente en San Sebastián, y en la tercera semana de agosto llegó una intensa e incesante lluvia que provocó que yo dejara de salir a correr, y, en segundo lugar, porque, además de ir con mis escoltas, mis dos hermanos, José María y Carlos, solían acompañarme cuando hacía footing, de manera que el éxito de la acción terrorista habría significado el asesinato de los tres hermanos y, en consecuencia, el final de la continuidad de nuestra familia.

Pese a este fracaso, ETA-pm continuó con su macabra estrategia contra los dirigentes de la UCD, y el 29 de septiembre del mismo año, José Ignacio Ustarán Ramírez, miembro del Comité Ejecutivo de la UCD de Álava, fue asesinado. Los etarras entraron en su domicilio, condujeron a su admirable mujer, Charo Muelas, y a sus hijos a otra habitación, y se llevaron a José Ignacio. A las diez y me-
dia de la noche, en la calle San Prudencio, una de las principales de Vitoria, delante de la sede de nuestro partido, un grupo de vecinos encontró su cadáver en el asiento trasero de su propio coche, con un disparo en la espalda y otro en la cabeza. ETA-pm reivindicó la autoría del atentado un día después. La banda terrorista calificó el crimen como «una respuesta a la encrucijada que UCD, partido en el poder, ha colocado a la democracia en Euskadi tras más de un año de la aprobación del Estatuto». El único «pecado» de la UCD había sido llevar a España a la transición hacia un régimen democrático y constitucional, y al País Vasco al autogobierno.

Solo ETA impedía la democracia en el País Vasco, pero el terrorismo siempre ha cabalgado sobre la mentira y el crimen, que, además, se retroalimentan. José Ignacio fue asesinado en nombre de una mentira, y sus tres asesinos todavía no han sido identificados. En 1983, la instrucción judicial fue archivada y, pese a que la familia logró reabrir el caso en 2018 —cuarenta y cinco años después—, aquel crimen sigue sin resolverse en la Audiencia Nacional. Las víctimas de aquel asesinato siguen siendo víctimas y la justicia no ha llegado todavía a sus vidas ni ha consolado su dolor. En 2018, la viuda de José Ignacio declaró, con toda su fuerza moral, que «la disolución de ETA es una pantomima; yo quiero saber quién mató a mi marido». Cuando escribo estas páginas, sigue sin saberlo.

Un mes después del asesinato de José Ignacio, Marcelino Oreja Aguirre, en el atardecer del 20 de octubre de aquel fatídico año de 1980, se acercaba a Vitoria para participar en una reunión del Comité Ejecutivo de la UCD vasca, una vez conocido su inmediato nombramiento como primer delegado del Gobierno de España en el País Vasco. Mientras le esperábamos frente al hotel Canciller Ayala, donde se celebraría la reunión, mis compañeros y yo comentábamos la dificultad y la angustia del momento. Con uno de ellos hablé bastante más; se trataba de Jaime Arrese, exalcalde de Elgóibar y número tres de la candidatura de la UCD en Guipúzcoa, encabezada por Marcelino Oreja —que ya era diputado electo— y en la que yo iba de número dos. Le reiteré a mi tocayo e inolvidable amigo la confirmación del peligro que corríamos ante la amenaza cierta de ETA-pm tras el asesinato de José Ignacio. Me respondió que él no estaba preocupado, que se sentía protegido por su pueblo, donde era singularmente querido. Me habló de los muchos favores que había hecho a vecinos de la localidad guipuzcoana, incluso a familias que, por desgracia, tenían algún hijo que era miembro de la banda. Por eso, según él, no necesitaba ni escoltas ni ningún otro medio de defensa. En Elgóibar, sus paisanos lo protegerían.

Tres días después, el 23 de octubre de 1980, Jaime Arrese, de cuarenta y tres años, fue asesinado en un bar de su pueblo. Recibió siete disparos, dos de ellos en la cabeza y uno en el corazón. Arrese había sido alcalde de Elgóibar de 1974 a 1977, y el 22 de abril de 1979 fue elegido para las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Cada vez que ETA ha asesinado a un político vasco, ha robado la representación política y ciudadana a sus electores, ha silenciado la voz de sus votantes, los ha amordazado y expulsado políticamente del País Vasco.

En efecto, Arrese era un hombre muy apreciado por sus vecinos. Había sido portero en el C. D. Elgóibar y en el C. D. Aurrerá de Ondárroa; presidente de la asociación de padres del Instituto de Bachillerato del pueblo, un centro que él mismo ayudó a fundar en sus tiempos como alcalde. Pocos días después de su asesinato, más de cinco mil personas —en una población de unos diez mil habitantes— se congregaron en una manifestación que recorrió las calles de Elgóibar.

UN CLIMA POLÍTICO Y SOCIAL IRRESPIRABLE

Tras el asesinato de Jaime Arrese, el terror se instaló entre los miembros de la UCD vasca y algunos, unos pocos, decidieron abandonar, al menos temporalmente, San Sebastián y Guipúzcoa. Algunos dirigentes —buenos amigos míos—, con la finalidad de presionar a nuestro Gobierno para dotar de más medios a la protección y a la lucha antiterrorista, dejaron caer, en un artículo publicado en el diario ABC, la posibilidad de disolver el partido en la región. Recuerdo que tuve que desmentir rotundamente esa decisión, ya que, pese a la buena voluntad que les impulsaba, me pareció que de ese modo solo se reforzaría la estrategia de ETA, lo que provocaría aún más muertes. Disolverse era un síntoma de debilidad que la banda no desaprovecharía.

Por razones de seguridad, varios comités ejecutivos del partido en Guipúzcoa —gracias al apoyo y la generosidad del gobernador civil de entonces, Joaquín Argote— tuvieron que celebrarse en la sede del Gobierno Civil. La mera posibilidad de volvernos a reunir en la sede de la UCD de Guipúzcoa, en la calle Idiáquez de San Sebastián, se había convertido en una temeridad. El clima político y social era cada vez más irrespirable para los no nacionalistas, y un ambiente de hipocresía colectiva asfixiaba la política vasca. La excepción confirma la regla, porque Gerardo Bujanda, número dos del PNV por Guipúzcoa, excelente persona, me ofreció su casa para vivir en ella.

Recuerdo que, a la salida de un Comité Ejecutivo celebrado en el Gobierno Civil, se escuchó el sonido de un disparo. Un miembro de la Policía Nacional acababa de suicidarse en la sala de guardia. No fue el único suicidio en una situación que resultaba dramática para quienes desempeñaban la tarea de defendernos.

El asesinato de Juan de Dios Doval

El 29 de octubre de 1980, Juan de Dios Doval, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, fue a verme a mi despacho, sede de la UCD de Guipúzcoa. Habían pasado solo seis días desde que los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) —siglas que ETA usaba cuando consideraba que una acción podía restarles apoyo social— asesinaran a Jaime Arrese. Yo no tengo ninguna duda de que fue un dirigente de ETA-pm, probablemente de Elgóibar, quien decidió acabar con su vida, aunque ni el autor moral ni el material hayan sido juzgados.

Juan de Dios Doval estaba preocupado por su seguridad, de manera que le ofrecí que compartiera mi escolta y que yo me encargaría de comunicárselo al gobernador civil. Mientras yo estuviera en la sede de la UCD de Guipúzcoa —donde existía una vigilancia estática de varios miembros de la Policía Nacional—, él podría utilizar mi escolta dinámica para que le acompañara durante el día a todas partes. Juan de Dios dijo que aquello no era posible, que no podía —hay que situarse en aquellos años— entrar en la Facultad de Derecho con dos policías nacionales protegiéndole, pues esa imagen provocaría un escándalo universitario inasumible. Sin embargo, me pidió que instaláramos una puerta blindada en su domicilio del barrio de Lorea, en San Sebastián, frente a la Facultad de Derecho, porque su principal inquietud pasaba por ser víctima de un secuestro. Le respondí que por supuesto, y que, tras el puente del fin de semana del 1 de noviembre, la puerta blindada estaría instalada en su casa. Le dije que yo mismo me encargaría de las gestiones. Dos días después, por la mañana, me enteré por la radio de que se había producido un nuevo asesinato en San Sebastián. Al instante supe quién era la víctima.

Juan de Dios Doval, completamente indefenso, había sido tiroteado en su coche, en el estacionamiento exterior de su casa. Había ido como número dos en mi candidatura al Parlamento vasco en las elecciones autonómicas del 9 de marzo de 1980.

En lo que respecta a los asesinos, el crimen sigue sin resolverse, como tantos otros, como tantas otras víctimas que siguen esperando la llegada de la justicia a sus vidas.

Este atentado llevó aún más angustia, preocupación y dolor a los miembros de la modesta UCD vasca, especialmente a los de Guipúzcoa. También produjo una especial zozobra en mi familia. Por primera vez vi a mi madre llorar ante el féretro de una víctima el día del funeral de Juan de Dios en la Facultad de Derecho.

Mi padre, doctor y ginecólogo, desde hacía tiempo vivía angustiado por la situación de amenaza permanente. Un año antes, una paciente suya de la Parte Vieja de San Sebastián le había llamado para decirle que su hijo, refiriéndose a mí, se cuidara. Aquella mujer tenía un hijo en la organización terrorista y sabía de lo que hablaba. En aquel momento, yo todavía estaba soltero y vivía con mis padres. En el vestíbulo de nuestra casa se instaló, día y noche, una pareja de policías nacionales armados con metralletas, además de las pistolas reglamentarias que llevaban al cinto.

El atentado de Juan de Dios tuvo importantes repercusiones en los ámbitos político y social. Su funeral, celebrado el 2 de noviembre, causó una gran conmoción en el mundo académico vasco. El acto tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, y fue oficiado por el jesuita Antonio Beristain, que pronunció una homilía inolvidable por su rotundidad y claridad, cualidades que, por desgracia, demasiado a menudo brillaban por su ausencia en los funerales de las víctimas de ETA.

Como consecuencia del asesinato de Juan de Dios, aquella misma noche los miembros de EE Juan María Bandrés, Mario Onaindia, Kepa Aulestia y Xabier Markiegi decidieron romper relaciones con ETA-pm.

Al día siguiente, 3 de noviembre, se organizó una manifestación de rechazo a la banda terrorista. Aún guardo en la memoria cómo algunos miembros de la cabecera tuvimos que enfrentarnos a la violencia de grupos de manifestantes que no solo querían impedir la protesta, sino intimidarnos. La presión que se vivía en el País Vasco era tan brutal que ni siquiera estaban dispuestos a permitir que expresáramos nuestra consternación, nuestro rechazo al crimen y nuestro homenaje a las víctimas.

Al mismo tiempo, por paradójico que resulte, se intensificaron las batallas políticas dentro de la UCD y las críticas al presidente Suárez por no acudir a los funerales. Es verdad que la decisión no era fácil, porque solo aquel año habría tenido que asistir a casi cien funerales, y ni era descartable un atentado-cebo para atraerlo al País Vasco con el objetivo de matarle ni se quería caer en la discriminación de asistir a unos funerales sí y a otros no.

Vidas envueltas en el dolor

Enterramos a Juan de Dios en el pueblo de Ezcaray y recuerdo como si fuera hoy la tensión del Comité Ejecutivo Nacional de la UCD, reunido en el ayuntamiento de la localidad.

Faltaban tres meses para la celebración del Congreso de la UCD en Palma de Mallorca, al que Adolfo Suárez ya no acudiría porque el 29 de enero de 1981 presentó su dimisión como presidente de la formación. La tensión entre algunos miembros del Comité Ejecutivo era más que evidente. A las presiones nacionales se añadían las derivadas de los asesinatos en el País Vasco. El clima no podía ser más negativo, más inestable, más caótico.

Nada más finalizar los actos en recuerdo a Juan de Dios Doval, en mi familia recibimos la terrible noticia del cáncer de mi padre. Nos cayó como un jarro de agua helada, pero la realidad es que lo que vino inmediatamente después fue un paréntesis en aquella terrible situación en la que yo, cuando salía de casa, lo primero que pensaba era que quizá no volvería. Ese pensamiento —inevitable y recurrente— de que uno va a morir en cualquier momento solo lo conocen las víctimas y sus familias, y, sin duda, condicionó la vida política del País Vasco e impidió que se dieran las condiciones básicas para que la democracia real se abriera camino. Vivíamos en un estado permanente de persecución, de amenaza cierta y de riesgo para nuestras vidas. Por eso, cuando decidimos ir a operar a mi padre a Londres, sentimos —yo lo sentí— cierta sensación (contradictoria y humana) de alivio.

Fuimos al London Clinic porque allí trabajaba un cirujano inglés, sir Hugh Lockhart-Mummery, experto en cánceres de colon, que nos habían recomendado. A finales del mes de noviembre, la familia entera en bloque —mi padre, mi madre y sus cuatro hijos— nos desplazamos a la capital británica para estar presentes durante la operación. Fue un mes difícil en el plano familiar, pero también liberador por el simple hecho de cambiar de aires. Durante el mes largo que pasamos en Inglaterra, el temor por mi propia vida se alejó de mi mente. Pedro Schwartz, un liberal ejemplar, y su mujer, Ana, que vivían en Londres, nos acompañaron en aquellos difíciles momentos familiares e hicieron de interlocutores con los médicos del hospital. Nunca olvidaremos cuánto nos ayudaron.

El tiempo lo cura casi todo. Volver a dormir con cierta normalidad te permite olvidar, te sana, te repone. Para mí, la fe —un sentido de la trascendencia de nuestra vida— fue fundamental y, de hecho, cuando regresé a San Sebastián dos meses después, pude enfrentarme a la situación del País Vasco sin la angustia que me había acompañado durante los meses de octubre y noviembre. Aun así, lo vivido desde julio hasta entonces condensa para mí la lección de vida que me dio el fenómeno terrorista.

A estas alturas de la vida y de la historia, he de decir que sigo pensando que la verdad, la única verdad del terrorismo, son sus víctimas, el dolor de las familias rotas y de las vidas truncadas, y por esa razón la justificación o la disculpa del terrorismo es completamente despreciable, repugnante, y es el resultado de una profundísima crisis moral —individual y colectiva— que afecta a las conciencias de las personas y a las sociedades.

El respaldo, la connivencia o el aprovechamiento del crimen terrorista solo se explican por una profunda falta de conciencia personal, por un alejamiento de cualquier referencia moral o ética, y por una sustitución de la fe y de la religiosidad que siempre había caracterizado a los vascos por un sucedáneo laico con pretensiones identitarias, una pseudorreligión que se llamó «movimiento de liberación vasco». Y no, no se produjo una nueva conciencia nacional, sino la suma amorfa de las fracturas de los fundamentos éticos y morales de miles de jóvenes y de sus conciencias personales. El resultado fue una sociedad profundamente enferma, dañada durante varias generaciones, y existencialmente devastada.

ETA no nació en las sacristías; nació de la secularización, de la pérdida de fe de muchos jóvenes, de la confusión que se instaló en muchos momentos de la transición de un régimen a otro. Y cuando algunas sacristías se sumaron al crimen fue porque antes se habían vaciado de fe. Hay muchas formas de tomar el nombre de Dios en vano. Una de ellas es la complicidad en el odio; esto es, la justificación o el acompañamiento del crimen y de la mentira.

ETA, es verdad, nació en 1959, veinte años después del final de la Guerra Civil española. Pero, en realidad, se desarrolló, se expresó, diez años después, a finales de la década de los sesenta, cuando comenzaba a percibirse el final de Franco.

Tras las derrotas de sus partidarios en las tres guerras carlistas, el tradicionalismo había sido sustituido por el nacionalismo. Y en el País Vasco, una vez arrastrado al nacionalismo, ETA comenzó su particular proceso hasta volverse hegemónica.

El nacionalismo ha sido un puente coyuntural que ha conducido a la sociedad vasca en una única dirección y a un solo destino: la izquierda o la extrema izquierda.

Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira

Colección Espasa Política Nacional